Araucanía: polémica por fondo para víctimas de la violencia rural

Iniciativa del Senado contempla $ 3 mil millones. Algunos gremios criticaron la cifra. Otros parceleros la ven como un “paso importante”.

“Nos parece realmente una limosna en comparación con todo el sufrimiento y lo que las víctimas han perdido”, sostuvo ayer Angélica Tepper, presidenta de la Multigremial de La Araucanía, respecto del fondo económico gestionado por parlamentarios, y que se aprobó en el senado, para apoyar a víctimas de la violencia rural en la zona sur.


La Cámara Alta dio el vamos a una propuesta de los senadores Alberto Espina y José García Ruminot (ambos RN), que busca indemnizar a los afectados por atentados, a través de un fondo total cercano a los $ 3 mil millones.

La norma señala que “mediante resolución, la subsecretaría de Prevención del Delito podrá celebrar convenios de transferencia con la intendencia, gobierno regional y gobernaciones provinciales en la Región de La Araucanía. Asimismo, mediante resolución, podrá incorporar provincias de las regiones del Biobío y de Los Ríos para la aplicación de este programa”.

Espina precisó que esta normativa “es un importante avance en hacer un mínimo de justicia, que es permitir que las víctimas de la violencia (…) puedan acceder a recursos para retomar las actividades económicas que perdieron a raíz de atentados criminales”.

Según Angélica Tepper, “acá ha habido despojos, destrucción de bienes, maquinarias y un largo etcétera que, claramente, no se compensa con ese dinero”.

Agregó que “aunque consideramos que la cantidad es muy baja, esperamos que sea el comienzo de la asignación de fondos y que puedan venir nuevas compensaciones, para que se establezca una compensación real por atentados terroristas”.

El dirigente de los camioneros José Villagrán también mostró una postura crítica: “Lo que no se ha dicho es que se mandaría ese dinero como un aporte a la subsecretaría de Prevención del Delito, y entonces ahí uno tendría que postular con un proyecto a la indemnización. No se entiende mucho lo que se aprobó”.

Jorge Andrés Luchsinger, en cambio, hijo del matrimonio asesinado en Vilcún, indicó que “más allá del monto, esto es un paso importante, porque se reconoce una falta por parte del Estado, y que de alguna forma su falta la tiene que compensar con estos fondos”.

En cuanto a la cifra, aseguró que “para algunas personas puede ser muy importante. Un parcelero que pierde una herramienta de trabajo, bodega o fertilizante, puede ver como muy valioso cualquier monto que lo ayude y que haga la diferencia entre mantener su familia y no tener sustento; para otros puede ser insignificante si vemos la cantidad de atentados y víctimas”.

Jorge Huenchullán, en tanto, werkén de la comunidad autónoma Temucuicui de Ercilla, expresó que “esta política que ha adoptado el Estado, de favorecer a supuestas víctimas, es una exageración, porque se ha visto y constatado que hay hechos donde hay autoatentados de personas propietarias para cobrar seguros”.